Devaneos del poder

El descontrol del oficialismo en estos días es llamativo. Un ministro aseguró que un periodista ofreció asilo en México a un líder de las pandillas a cambio de información sobre las negociaciones con el Gobierno (semejante protección es competencia de los Estados, no de los particulares). En contra de la evidencia disponible, uno de sus voceros más destacados negó rotundamente que hubiera habido tal negociación. Otro agregó que entrevistar pandilleros es delito. Un tercero anunció la captura de un sacerdote pandillero de la diócesis de Sonsonate y adujo como prueba un torso tatuado revestido con ornamentos sacerdotales (una creación típica de la inteligencia artificial).

El presidente de la legislatura rechazó indignado los señalamientos de que su hijo había cometido homicidio culposo. Otros colegas se sumaron a la protesta y reclamaron respeto y compostura. La cuestionable actuación de la Policía, que inexplicablemente no procesó el hecho tal como ordena el procedimiento establecido, no despejó la incertidumbre sobre la identidad del homicida. La exhibición del presunto responsable no es convincente. Tiene trazas de ser un montaje. El torpe manejo del homicidio, en lugar de aclarar lo sucedido realmente en el accidente de tráfico, da pie para sospechar de la culpabilidad del hijo del funcionario.

Reclamar por acusarlo sin pruebas es comprensible, pero es también agraviar a los miles de ciudadanos con familiares detenidos en las cárceles del régimen de excepción sin evidencia en su contra y sin poder reclamar justicia. La iracunda reacción de un padre que ve cómo acusan públicamente a su hijo sin razón está justificada. La experiencia es humillante. Pero también lo es para todos aquellos con parientes encarcelados sin pruebas.

El presidente de la legislatura y sus colegas debieran tomar nota. Los miles de ciudadanos con familiares detenidos sin justificación experimentan la misma impotencia y humillación. Pero con una diferencia importante: los funcionarios tienen voz para protestar y autoridades gubernamentales que los amparan, mientras que los demás se consumen en la exasperación y el abandono. Dado que acusar sin pruebas se ha vuelto una práctica común y aceptada, no es extraño lo ocurrido al hijo del presidente de la legislatura.

Paradójicamente, este puede presionar para suspender el régimen de excepción y así abrir la posibilidad de hacer justicia a todos los encarcelados sin pruebas. El régimen desconoce la presunción de inocencia de los acusados y además los ha despojado de su derecho a defenderse con la imposición de juicios masivos que imposibilitan individualizar la culpabilidad y la responsabilidad penal. No satisfecho, ordenó a los fiscales y jueces no comprobar los hechos, sino condenar sin más a los acusados. Todo ello en secreto. La humillación personal y familiar experimentada por este funcionario es también una oportunidad para recapacitar en la contradicción de querer para otros lo que no quiere para él y los suyos.

Al…